MORELIA, Michoacán, 9 de julio de 2026.- En medio de la creciente ola de violencia generada por la disputa territorial entre células del crimen organizado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán encendió las alarmas este jueves al revelar que la crisis de desplazamiento forzado en la región de Tierra Caliente no cede, obligando a cientos de familias a huir de sus hogares ante la amenaza constante de grupos armados.
Durante una reunión de seguimiento encabezada por el presidente de la CEDH, Josué Mejía, y el coordinador del Observatorio Regional de Seguridad Humana, Julio César Franco Gutiérrez, las autoridades advirtieron que el fenómeno del despojo territorial por parte del narcotráfico se ha convertido en una política de facto, donde las comunidades rurales y periféricas de Apatzingán pagan el precio más alto ante la ausencia de un Estado de derecho efectivo.
El informe presentado por el visitador regional, Salvador Cerda, reveló que los desplazados internos no solo enfrentan la pérdida de su patrimonio y medios de vida, sino que viven en condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad extrema en zonas urbanas, sin acceso garantizado a servicios básicos. La CEDH calificó esta situación como una emergencia humanitaria silenciada, que exige una respuesta inmediata de los tres niveles de gobierno.
En el encuentro, donde participaron la secretaria ejecutiva, Maricela Núñez Alcaraz, y el coordinador Jurídico, Jorge Alberto García Martínez, así como el coordinador regional de Visitadurías, Juan Plancarte Esquivel, se acordó redoblar las acciones institucionales para documentar cada caso de desplazamiento, con el fin de presionar a las fiscalías y a la Secretaría de Gobernación para que actúen contra los grupos que siembran el terror.
El presidente de la CEDH, Josué Mejía, subrayó que mientras el crimen organizado imponga su ley mediante balas y extorsión, el derecho a la tierra, la vivienda y la vida misma seguirán siendo letra muerta para los habitantes de la región. Advirtió que sin una estrategia político-militar que priorice la inteligencia y la protección civil, el desplazamiento seguirá siendo el principal termómetro del fracaso de la seguridad pública en Michoacán.
Finalmente, el Observatorio Regional y la CEDH hicieron un llamado urgente a las autoridades federales para que reconozcan oficialmente la magnitud del éxodo interno y activen los fondos de ayuda humanitaria, pues mientras las balas definen el territorio, los ciudadanos quedan atrapados entre el fuego cruzado y el abandono gubernamental.
