Morelia, Michoacán, 13 de julio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha puesto sobre la mesa una de las crisis más profundas del sistema de seguridad en Michoacán al señalar abiertamente a las policías municipales no como víctimas, sino como parte del problema. En conferencia de prensa, el mandatario lanzó una acusación contundente que, lejos de mostrar avances, expone el estancamiento en la materia: “Todo mundo lo sabe: el gobernador, el pueblo, los medios… que las policías municipales son muy fáciles de penetrar por el crimen organizado”, sentenció, para luego añadir que “son estos cuerpos policiales los que presionan y extorsionan a los alcaldes” .
El anuncio de la posible desaparición de las corporaciones municipales evidencia, según analistas y críticos, la incapacidad del gobierno estatal para afrontar la seguridad de los michoacanos y el fracaso de la estrategia federal implementada en la entidad. El «Plan Michoacán por la Paz y la Justicia«, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 9 de noviembre de 2025 con una inversión de más de 57 mil millones de pesos y una promesa de seguimiento quincenal, fue diseñado como una respuesta integral al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Sin embargo, ocho meses después de su puesta en marcha, la medida más radical que presenta el gobernador no es la consolidación de la paz, sino la eliminación total de los cuerpos policiales locales, admitiendo tácitamente que la infiltración criminal es incontrolable.
El Gobernador justificó la discusión argumentando que las policías municipales representan una carga financiera y son el «eslabón más débil». Destacó que ya hay más efectivos de la Guardia Nacional certificados que policías municipales; no obstante, el relevo de estas corporaciones no ha logrado frenar la ola de violencia que llevó a declarar a la entidad como prioridad nacional.
La inestabilidad en el gabinete de seguridad —CON TRES SECRETARIOS EN CINCO AÑOS, SIENDO EL MÁS RECIENTE JOSÉ ANTONIO CRUZ MEDINA, CERCANO A OMAR GARCÍA HARFUCH, ASUMIDO EN NOVIEMBRE DE 2025— refleja una constante reacción a la crisis, en lugar de una estrategia efectiva y duradera.
La postura del mandatario, que advierte que «detrás de la negativa de los alcaldes a desaparecer sus policías está la presión criminal», plantea un escenario de confrontación donde el estado admite su debilidad frente a los cárteles.
Mientras el gobierno federal continúa desplegando operativos y promoviendo el desarrollo social como parte del Plan, la propuesta de eliminar a las policías municipales para centralizar la seguridad en manos de la Guardia Nacional es vista por la ciudadanía como un reconocimiento de derrota, que deja a los municipios en manos del crimen organizado y subraya la falta de resultados de una estrategia que, pese a su costo y despliegue mediático, no ha logrado garantizar la paz en las calles de Michoacán.
