Uruapan, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró 51 máquinas tragamonedas durante la ejecución de seis órdenes de cateo en el municipio de Uruapan, en el marco de indagatorias por posibles actividades de extorsión y delitos contra la salud.
De acuerdo con la información oficial, las diligencias se realizaron tras detectarse indicios de que este tipo de dispositivos podrían estar siendo utilizados por grupos delictivos como mecanismo para captar recursos económicos. Además, la autoridad investiga su posible relación con otras actividades ilícitas, sin que hasta el momento se haya precisado públicamente la existencia de personas detenidas.
Los cateos se llevaron a cabo en establecimientos de la colonia Centro, sobre las calles Portal Mercado y Constitución, una de las zonas de mayor actividad comercial y afluencia de la ciudad. Otro de los puntos intervenidos fue el ubicado en la calle Erandeni, esquina con Jurhiata, en la zona de Real de Santa Rosa, Quirindavara.
Personal ministerial localizó y aseguró los equipos, que quedaron a disposición de la autoridad competente, la cual deberá determinar si existe una relación directa con conductas delictivas. Hasta ahora, la dependencia no ha dado a conocer a los propietarios o responsables de los negocios, ni si se abrieron carpetas de investigación contra personas en particular.
El aseguramiento de máquinas tragamonedas no es un hecho aislado dentro de la estrategia de seguridad. En distintas regiones del país, las autoridades han señalado que los llamados “juegos de azar” de operación irregular pueden funcionar como una vía de flujo de efectivo, difícil de rastrear, que facilita tanto el cobro de cuotas como el movimiento de recursos de procedencia ilícita.
Bajo esa lógica, la Fiscalía apunta a debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales, un enfoque que busca atacar la estructura económica y no solo la operativa. Que los inmuebles intervenidos se ubiquen en zonas céntricas y de alta actividad comercial añade relevancia al caso, pues sugiere una presencia visible de estos equipos en espacios de convivencia cotidiana.
Quedan, sin embargo, preguntas por responder: quiénes operaban los establecimientos, si existía cobro de cuotas a los negocios y si habrá consecuencias penales para los responsables. Será la integración de las carpetas de investigación la que determine si el aseguramiento deriva en procesos judiciales.
Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de combatir las conductas ilícitas y fortalecer las investigaciones orientadas a identificar y desarticular las posibles fuentes de financiamiento de grupos delictivos, en favor de la seguridad de las y los michoacanos.
