Apatzingán, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- Un juez de control determinó vincular a proceso a Beatriz Adriana “N”, quien se desempeñaba en el área de cocina del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No. 17 como trabajadora de una empresa externa, por su presunta responsabilidad en el intento de introducir un teléfono celular al interior del centro penitenciario.
De acuerdo con los datos de prueba integrados a la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas del pasado 27 de octubre, cuando la imputada pasó por el filtro de revisión rutinaria del penal. Fue entonces cuando los detectores de seguridad emitieron una alerta.
Al ser cuestionada por el personal de custodia, la mujer entregó un teléfono celular que llevaba oculto entre su vestimenta. Tras su aseguramiento, fue puesta a disposición de la Fiscalía Regional de Apatzingán, instancia que integró la carpeta de investigación correspondiente.
Durante la audiencia inicial, el juez de control resolvió la vinculación a proceso, impuso medidas cautelares a la imputada y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá reunir los elementos que sustenten su acusación.
Contexto: un riesgo recurrente en los penales
El ingreso de teléfonos celulares a centros de reclusión representa uno de los principales focos de atención en materia de seguridad penitenciaria, pues estos dispositivos pueden utilizarse para coordinar actividades ilícitas desde el interior, como extorsiones o comunicación con grupos delictivos en el exterior. Por ello, los filtros de revisión son una de las barreras clave de control, y el caso evidencia que el personal de empresas externas también pasa por los mismos protocolos de inspección.
El hecho de que la persona señalada formara parte de la plantilla de una empresa contratista abre además una pregunta de fondo sobre los mecanismos de supervisión aplicados al personal externo con acceso a las instalaciones, aspecto sobre el cual las autoridades no han emitido información adicional.
Cabe recordar que, conforme al principio de presunción de inocencia, la vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, sino que establece que existen datos suficientes para continuar la investigación formal contra la imputada.
Por su parte, la FGE reiteró su compromiso de mantener acciones firmes para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la seguridad y la legalidad en la entidad.
