Morelia, Michoacán, 31 de agosto de 2021.- En una sesión marcada por la división interna y el escrutinio sobre los perfiles, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este martes la designación de cuatro de las cinco consejerías vacantes del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Sin embargo, la presidencia quedó acéfala luego de que Elizabeth Guadalupe Vega Chávez no lograra los votos necesarios, evidenciando las tensiones políticas y los vetos cruzados entre los propios consejeros electorales.
El pleno del INE dio luz verde por unanimidad al acuerdo general, pero el verdadero nudo político llegó en las votaciones particulares. Mientras que Ian Aguilar Madrigal, Sandra Nalleli Rangel Jiménez, Flor Juana Mendoza Zárate y Jorge Luis Hernández Altamirano fueron avalados con holgura, la aspirante a la presidencia, Elizabeth Vega, solo obtuvo 7 votos a favor y 4 en contra, cuando la normativa exige al menos 8 sufragios para alcanzar la mayoría calificada.
El fracaso de su designación no fue un accidente técnico, sino el reflejo de dos frentes de oposición: la existencia de un Procedimiento Especial Sancionador (PES) en su historial y la denuncia de que varias consejerías no tuvieron acceso completo a los expedientes para evaluar su idoneidad, lo que cuestiona la transparencia del proceso interno.
Las intervenciones de los consejeros dejaron al descubierto las líneas rojas que marcan el juego político detrás de la designación. La consejera Karla Humphrey justificó su voto en contra de Vega y también de Aguilar Madrigal, al argumentar que existían otros perfiles con mayor solvencia y experiencia, y que un antecedente sancionador no puede ser ignorado en un cargo de esa magnitud.
“Las personas que habrán de asumir estas responsabilidades enfrentan una encomienda de la mayor relevancia. Deberán conducirse con independencia frente a los intereses políticos, con imparcialidad frente a la competencia electoral…”, señaló Humphrey, en un mensaje que funcionó como un recordatorio de que el IEM no debe ser rehén de ningún poder fáctico.
Por su parte, el consejero Arturo Manuel Chávez fue más contundente al advertir que “ejercer una función electoral no puede reducirse al cumplimiento mecánico de procedimientos” y llamó a actuar sin responder a presiones políticas o intereses particulares, en una clara alusión a las sospechas de injerencia externa que han rondado al organismo michoacano.
La renovación del IEM no es un hecho aislado. El 19 de junio pasado, el INE removió al entonces presidente y a tres consejeros por la designación irregular de un encargado de despacho de la Contraloría Interna, una atribución que —según la ley— corresponde al Congreso del Estado, no al INE. A esa crisis se sumó la renuncia de otra consejera, dejando al instituto con apenas 2 de 7 integrantes y obligando a enviar entre 25 y 30 asuntos al INE por falta de quórum.
Con las cuatro nuevas designaciones, el Consejo General del IEM contará con seis integrantes, pero la presidencia sigue vacante, lo que mantiene un punto de fragilidad política a menos de un año del proceso electoral 2026-2027. Mientras el INE define si abre un nuevo procedimiento o presenta otra propuesta, Selene Lizbeth González Medina continuará al frente de manera interina, en un esquema que no resuelve el fondo del conflicto de liderazgo.
La decisión del INE resuelve la urgencia operativa, pero deja sin respuesta la pregunta política más relevante: ¿Quién encabezará el IEM en un año electoral clave? La votación dividida y los señalamientos cruzados revelan que el organismo electoral nacional tampoco logra consenso sobre el perfil idóneo, y que las sombras de los procedimientos sancionadores y la opacidad en la evaluación siguen siendo un lastre para la credibilidad del proceso.
El mensaje político es claro: la independencia electoral se defiende en los votos, pero también en la transparencia de los procedimientos. Y en este caso, los votos no alcanzaron ni para la presidencia ni para disipar las dudas.
