Morelia, Michoacán, 19 de agosto de 2026.– No es un solo municipio, no es una región aislada. Michoacán entero vive el flagelo de los vehículos incendiados por la delincuencia organizada, y en cada rincón del estado la historia se repite con escalofriante exactitud: Llamas, Pérdidas millonarias, Familias sin su medio de transporte y de trabajo, y un gobierno que responde con boletines lacónicos, sin cifras, sin rostros, sin soluciones.
Desde Tierra Caliente hasta la Meseta Purépecha, los GRUPOS DELINCUENCIALES HAN CONVERTIDO LA QUEMA DE UNIDADES MOTORAS EN SU TARJETA DE PRESENTACIÓN. En los últimos meses, decenas de vehículos particulares, de carga y de transporte público han sido pasto del fuego en municipios como Apatzingán, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas. Sin embargo, la autoridad estatal y federal insiste en dar parte de «normalidad» mientras las grúas solo se llevan los cascarones a los corralones para limpiar la imagen, pero sin ofrecer un solo peso de indemnización a los dueños.
«No basta decir que ya está solucionado. Eso no es volver a la normalidad, es esconder el problema», denunciaron ciudadanos de distintos puntos del estado, quienes exigen respuestas claras: ¿Quién paga los daños causados por la ineficacia de las fuerzas de seguridad? Mientras que ante un desastre natural como una inundación o un temblor el gobierno activa apoyos inmediatos, ante el terrorismo urbano y los ataques premeditados, el Estado brilla por su ausencia total en materia de reparación.
La indignación crece al descubrir que, aunque la Ley Nacional de Protección Civil sí contempla los fenómenos «socio-organizativos» —aquellos generados por errores humanos o acciones premeditadas, como el vandalismo y actos de terrorismo—, las autoridades michoacanas desconocen por completo las cinco etapas fundamentales para cuidar a la población: prevención, mitigación, preparación, respuesta y, la gran olvidada, la RECUPERACIÓN.
«El gobierno solo actúa ante sismos o huracanes, pero cuando el enemigo es el crimen organizado, se hace el de la vista gorda. No hay subsidios, no hay planes de reconstrucción económica, no hay nada para quien perdió su vehículo, su carga o su sustento por la inseguridad», sentenció un transportista afectado, que pidió a EL DIA DE MICHOACÁN reservar su nombre por temor a represalias.
Michoacán no puede seguir así. Mientras los comunicados oficiales hablan de paz y orden, en las carreteras y colonias los escombros humean y las familias cuentan sus pérdidas sin recibir apoyo. El gobierno no solo falla en seguridad, falla en su deber más básico: proteger y reparar a sus ciudadanos. ¿Hasta cuándo seguirá el estado pagando el costo de una guerra que no combaten, pero que todos perdemos?
