Morelia, Michoacán, 19 de junio de 2026.- La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán encendió los focos de alarma ante lo que calificó como una decisión sin precedentes recientes en la entidad: la remoción masiva de integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán por parte del Instituto Nacional Electoral, en un momento que consideran crítico para la democracia local.
Verónica García Reyes, encargada del despacho de la Presidencia del PRD Michoacán, advirtió que el golpe institucional propinado al IEM no solo cuestiona la legalidad del proceso, sino que socava la confianza ciudadana en las autoridades que habrán de organizar los comicios de 2027.
«La ciudadanía necesita instituciones sólidas, imparciales y con plena capacidad operativa para conducir los procesos democráticos con certeza y transparencia», señaló la dirigente perredista, quien cuestionó la proporcionalidad de la medida adoptada por el INE al señalar que existían vías sancionadoras menos severas para atender las presuntas irregularidades sin desarticular el órgano máximo de dirección electoral.
La remoción de la mayoría de las consejerías del IEM representa, según el PRD, un hecho inédito que desnuda la fragilidad de las instituciones electorales michoacanas y obliga a replantear el equilibrio entre la aplicación de sanciones y la preservación de la estabilidad institucional. Para el partido del sol azteca, el timing de esta decisión no es menor: Michoacán se encuentra en la antesala de la preparación de su próximo proceso electoral.
García Reyes reconoció que la legalidad debe prevalecer, pero exigió que las autoridades electorales observen igualmente los principios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de evitar que una determinación de fondo jurídico derive en un daño estructural a la confianza democrática.
«Hoy más que nunca, Michoacán necesita certeza, legalidad y condiciones de estabilidad rumbo a los próximos comicios», concluyó la dirigente, en lo que representa un llamado directo tanto al INE como a los poderes del estado para reconstruir, a la brevedad, las condiciones institucionales que el proceso electoral demanda.
