Apatzingán, Michoacán, 4 de agosto de 2025 – Productores agrícolas y representantes de la sociedad civil se reunieron este lunes en el Ejido Apatzingán para expresar su inconformidad con el «Operativo Apatzingán», implementado principalmente por elementos de la Guardia Civil del gobierno estatal para combatir la inseguridad en la región.
Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, y Julio Franco, consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la Región, coincidieron en exigir que los operativos sean más estratégicos, con rutas claras y sin abusos policiacos, aunque acararon, apoyan la presencia de fuerzas de seguridad.
Preocupación por desvío del operativo
Bravo Manríquez destacó que, aunque agradecen los esfuerzos de las autoridades “El operativo se ha convertido en revisiones viales, en lugar de enfocarse en reducir homicidios y delitos de alto impacto.
«No estamos en contra de los operativos, pero necesitamos que sean bien encausados, con inteligencia y respeto a los ciudadanos», afirmó.
Julio Franco, por su parte, reveló que, según estadísticas del Observatorio, la violencia no ha disminuido: en la semana del operativo se registraron dos asesinatos y el hallazgo de cuatro restos humanos, superando el promedio semanal de muertes violentas en lo que va del año.
Denuncian estigmatización y falta de diálogo
Los líderes criticaron las declaraciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien sugirió que las protestas eran impulsadas por grupos criminales.
«La ciudadanía no es delincuente; somos víctimas de la violencia y queremos trabajar en paz», señaló Bravo.
Franco añadió que criminalizar las manifestaciones pacíficas solo genera desconfianza y pidió que las autoridades escuchen las demandas reales de la población.
Ambos coincidieron en que el problema de inseguridad en Apatzingán requiere una estrategia federal, no solo estatal, e insistieron en la urgencia de una investigación profunda contra la delincuencia organizada en Michoacán.
«Necesitamos que vengan las autoridades federales, con inteligencia y sin abusos, para detener a los verdaderos generadores de violencia», concluyó Bravo.
La reunión dejó en claro que, aunque los motociclistas están dispuestos a regularizar sus documentos, también exigen que el gobierno ofrezca facilidades económicas y garantice que los operativos prioricen la seguridad humana sobre las revisiones administrativas.
Mientras tanto, el Observatorio de Seguridad Humana continuará documentando posibles irregularidades para presentarlas ante las instancias correspondientes.
