MORELIA, Michoacán, 6 de N0oviembre del 2026.- A cinco meses de haber sido separado del cargo, Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) de 2019 a 2026, reveló que fue blanco de un presunto intento de extorsión por 2 millones de pesos a cambio de lograr el desistimiento de la queja que terminó en su destitución.
En entrevista, el exconsejero presidente relató que, poco después de iniciado el procedimiento en su contra, un sujeto se le acercó supuestamente a nombre del ciudadano que presentó la denuncia, y le planteó que si deseaban el desistimiento tendría un costo. “Dos melones, si mal no recuerdo”, fue la expresión que, según su testimonio, utilizó el intermediario para referirse a la cifra.
Hurtado Gómez aseguró que no cedió a la presión. Explicó que no identificó al hombre que lo abordó y que tampoco conoce al promovente de la queja, por lo que ignora si actuaba por encargo de este. Sostuvo que había “certeza jurídica” de que no cometieron ninguna irregularidad y que, además, “es extorsión”, por lo que no se prestarían a ello. Agregó que, aun de haber contado con el dinero, pagarlo habría manchado su trayectoria.
El hoy catedrático de tiempo completo subrayó que, pese a su desacuerdo con los motivos de la remoción, no tiene elementos para atribuirla a una revancha de Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), a quien se ha vinculado con presuntos conflictos de interés relacionados con proveedores de servicios que el IEM no contrató.
Reconoció que nunca recibió presiones para contratar a esos proveedores y que, por ello, carece de indicios para acusar a alguien de uso indebido de la función pública. Aun así, dejó abierta la puerta: “No tengo elementos para sospecharlo. ¿Puede ser? No sé, tampoco lo descarto”, afirmó, y aclaró que no pretende victimizarse.
El origen del caso
Con base en información pública, José Manuel Guerrero Rascón promovió una queja contra Hurtado y cuatro consejerías más del IEM por presunta invasión de atribuciones. El motivo: votaron a favor de designar a un contralor interino, facultad que corresponde únicamente al Congreso del estado, aunque el cargo estaba acéfalo y la contraloría paralizada.
La remoción fue aprobada por la mayoría del Consejo General del INE y avalada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resoluciones que Hurtado no comparte.
Una decisión que divide opiniones
La sanción dividió a la opinión pública. Un sector la consideró excesiva, pues, argumentan, no hubo beneficio patrimonial en la designación ni se generaron otros conflictos. Quienes la defienden sostienen que la destitución es la única sanción prevista en el Código Electoral para este supuesto y que, en sus palabras, “una falta es una falta”.
