Apatzingán, Michoacán, 19 de Junio de 2026.- El conflicto entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el gobierno de Michoacán escaló a niveles inéditos tras la remoción fulminante de cinco consejeros del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), incluyendo a su presidente, una decisión que es interpretada en los corrillos políticos como un desarme estratégico de la institución electoral local a menos de un año del proceso comicial 2026-2027.
La medida, adoptada por el Consejo General del INE, destituyó a Ignacio Hurtado Gómez (presidente), Juan Adolfo Montiel Hernández, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, Claudia Marcela Carreño Sosa y Silvia Verónica Mauricio Salazar. El argumento formal: una «falta grave» por designar a un encargado de despacho en la Contraloría interna. Sin embargo, el trasfondo político ha encendido todas las alertas en el estado, donde sectores ven en esta acción un golpe directo a la autonomía local y un exceso de control centralizador.
EL GOBIERNO ESTATAL DENUNCIA «EXTRALIMITACIÓN» Y RIESGO DEMOCRÁTICO
La reacción del ejecutivo estatal no se hizo esperar. En un pronunciamiento de alto calibre, el Secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Gutiérrez, calificó la determinación del INE como un acto de «extralimitación institucional» que, lejos de corregir, atenta contra la gobernabilidad política y la certeza democrática de la entidad.
«Esta decisión también flagela la autonomía de las instituciones electorales del estado«, sentenció el funcionario, advirtiendo que la intervención del órgano nacional sienta un precedente peligroso. «Los organismos locales fueron concebidos para garantizar elecciones imparciales desde una perspectiva cercana a la realidad de cada estado; cualquier acción que comprometa su funcionamiento debe analizarse con responsabilidad, no con medidas unilaterales y desproporcionadas«, enfatizó.
UN PRECEDENTE QUE DEBILITA EL PACTO FEDERAL
El malestar creciente en el ámbito político michoacano no es menor. Analistas consultados señalan que la destitución masiva deja al IEM en un estado de vulnerabilidad extrema, descabezado y sin los perfiles que conocían a profundidad la dinámica local. Esto, en pleno arranque de los preparativos para la elección del 2027, genera un vacío de poder que podría ser aprovechado para inclinar la balanza desde la capital del país.
La controversia subraya la fricción entre el poder central y los estados, evidenciando que la «supervisión» del INE se convierte, en la práctica, en una herramienta de control político que desmantela la estructura electoral local, dejando a Michoacán en una situación de indefensión institucional y con la sospecha de que la imparcialidad electoral está en riesgo.
Mientras los consejeros removidos evalúan recursos legales, la pregunta que resuena en los pasillos del poder es si este «desarme» es el preludio de una intervención más profunda, o si simplemente se trata de un mensaje contundente del INE para someter a los órganos locales que osen discrepar. Lo cierto es que la certeza democrática en Michoacán está, hoy más que nunca, en el ojo del huracán.
