Ciudad de México, 1º de abril de 2025.- La Cámara de Diputados aprobó este martes, con amplia mayoría, el dictamen de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, una reforma que busca modernizar las contrataciones públicas en México mediante mayor transparencia y el uso de herramientas tecnológicas. Con 355 votos a favor en lo general y 324 en lo particular, el proyecto superó el pleno, pese a registrar 119 votos en contra y una abstención en la votación particular.
El diputado federal por el distrito 02 de Apatzingán, José Luis Cruz Lucatero, celebró la aprobación tras concluir la sesión: “Esta ley permitirá una mayor transparencia con la operación de una plataforma digital que mantendrá actualizada y disponible para la ciudadanía toda la información sobre contrataciones públicas. ¡Feliz noche para todas y todos!”, expresó en sus redes sociales.
¿Qué cambia con esta reforma?
La actualización de la ley introduce mecanismos para hacer las contrataciones públicas más eficientes, alineándolas a los principios constitucionales de eficacia, economía, transparencia y honradez. Entre las novedades destaca la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Este sistema gestionará, publicará y controlará datos clave sobre contratos, licitaciones, adjudicaciones y pagos, con el objetivo de reducir la corrupción y modernizar los procesos.
Detalles de la votación
En lo general: 355 a favor, 1 abstención.
En lo particular: 324 a favor, 98 en contra, 119 en contra (tras el análisis de artículos específicos), 1 abstención.
La votación en lo general aprobó el proyecto en su conjunto, mientras que en lo particular se debatieron y votaron disposiciones específicas, reflejando mayor división entre los legisladores. La reforma, impulsada por el Grupo Parlamentario de la LXVI Legislatura, marca un paso significativo en la lucha contra la opacidad en el manejo de recursos públicos.
Con esta aprobación, el dictamen pasa ahora al Senado para su revisión y eventual ratificación, en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor claridad en el uso de los fondos públicos.
