Ciudad de México, 26 de marzo de 2026.– En una sesión cargada de simbolismo y con el respaldo de una mayoría calificada, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma al artículo 127 constitucional, enterrando para siempre el esquema de privilegios conocido como “pensiones doradas”.
La histórica decisión, que impacta directamente a extrabajadores de gigantes paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pone un freno definitivo a las jubilaciones millonarias que durante décadas se pagaron con dinero de todos los mexicanos.
El diputado federal José Luis Cruz Lucatero (Morena) anunció el golpe legislativo ante medios de comunicación, dejando claro que “el objetivo es poner fin a los privilegios desproporcionados” que existían en el sistema de pensiones financiado con recursos públicos.
La reforma no solo elimina estas prácticas del pasado, sino que establece un límite máximo e innegociable: ningún servidor público podrá jubilarse con un monto superior a la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal. En números concretos, el tope quedará fijado en aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
Con esta acción, calificada por analistas como un parteaguas en la disciplina fiscal del país, la Cámara de Diputados envía un mensaje claro: se acabaron los abusos. La medida consolida el camino hacia un Estado más justo, donde la prioridad deja de ser la opulencia de unos cuantos y se centra en el bienestar social y el uso responsable de los recursos de todas y todos los mexicanos.
El mensaje del legislador fue contundente: “Hoy se manda una señal de que en México ya no hay cabida para privilegios que ofenden la economía popular”.
