Zamora, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- En una decisión que ha generado una fuerte polémica en el ámbito de la seguridad, un Juez de Control con sede en Zamora concedió la suspensión condicional del proceso a 11 elementos de la Policía de Ecuandureo, quienes estaban siendo investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta relación con actividades ilícitas.
Los uniformados, que en su momento fueron detenidos con dosis de metanfetamina y objetos vinculados al crimen durante operativos en la región, habían sido vinculados a proceso con la severa medida de prisión preventiva. Sin embargo, en un giro inesperado durante una audiencia por videoconferencia, la defensa logró que el órgano jurisdiccional dejara SIN EFECTO el encarcelamiento, autorizando que los 11 imputados enfrenten el procedimiento en libertad.
El beneficio, que durará seis meses, implica que los policías se irán a “su casita”, aunque sujetos a un catálogo de medidas cautelares que, para muchos, resulta insuficiente ante la gravedad de los hechos. De acuerdo con las condiciones impuestas por el juez, los agentes deberán:
- Residir en el domicilio señalado sin posibilidad de cambiarlo.
- Abstenerse del consumo de drogas y alcohol.
- Prestar servicio social en favor del Estado o instituciones de beneficencia.
- Firmar semanalmente ante la autoridad.
- No salir del país, bajo supervisión de la Unidad de Medidas Cautelares.
El mensaje de advertencia es claro: fuentes allegadas al caso revelaron que el incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones derivará en la revocación inmediata del beneficio y la reanudación del proceso penal, lo que significaría su regreso a prisión.
Cabe destacar que el caso no solo permanece en manos de la Fiscalía Estatal, sino que también es investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), lo que sugiere que la red de complicidades podría ir más allá de la simple posesión de droga.
Mientras los agentes acusados enfrentan el proceso “desde casa”, el hecho deja en el aire una pregunta que resuena entre los ciudadanos de la región: ¿Quién vigila a los que nos deben proteger? ¿El delito fue fabricado? ¿La averiguación no fue bien integrada?
