Michoacán, 12 de mayo de 2025.- Desde el Colectivo #NiUnoMás Michoacán manifestamos nuestra profunda preocupación sobre la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Michoacán promovida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en materia de apología del delito.
El contenido de la propuesta de decreto que plantea, contiene elementos que consideramos de profunda gravedad y que representan un serio riesgo para el ejercicio periodístico en Michoacán, tendientes a invizibilizar el fenómeno delictivo en el estado a través de la censura y la criminalización de la labor de informar sobre los temas de interés público.
De aprobarse por la LXXVI Legislatura la iniciativa, afectará la labor que las y los periodistas realizan en Michoacán en aspectos fundamentales:
ABRE LA PUERTA A CRIMINALIZAR EL EJERCICIO PERIODÍSTICO
La adición de la fracción IX al artículo 24 propone incluir como autores o partícipes del delito a “los que expresen ideas, promocionen o expongan argumentos por cualquier medio que incentiven la criminalidad”.
Consideramos que la redacción es ambigua y peligrosa, pues podría ser utilizada para perseguir periodistas que realizan coberturas, generan investigaciones y reportan hechos sobre inseguridad, delincuencia y crimen organizado.
VIOLENCIA LEGAL EN CONTRA DE PERIODISTAS
La incorporación del artículo 163 quinquies plantea: “Al que provoque públicamente a cometer un delito, incite al consumo de sustancias ilícitas, o haga apología de éstos, se le impondrán de tres a seis meses de prisión y de ochenta a ciento cincuenta UMAS, si el delito no se ejecutare; en caso contrario, se le impondrá la pena que corresponda por su participación en el delito cometido.
“Se aplicará la misma sanción a quien por medio de mantas, calcas, volantes, imágenes plasmadas, o cualquier otro medio u objeto haga alusión o promoción de grupos delictivos o personas vinculadas a los mismos”.
La redacción del segundo párrafo del referido artículo abre la puerta a la violencia legal contra periodistas al incorporar los términos “imágenes plasmadas”, “o cualquier otro medio”, “que haga alusión” sobre grupos delictivos o personas vinculadas a los mismos, lo que consideramos implica un claro intento de censura sobre fotografías e informaciones que aludan al fenómeno delictivo en Michoacán.
Al no establecerse límites claros ni criterios objetivos sobre qué constituye “incentivar la criminalidad”, los periodistas corren el riesgo de censura y ser criminalizados.
Una de las formas recurrentes para buscar acallar el ejercicio periodístico es la violencia legal, por lo que manifestamos nuestro rechazo y preocupación por el contenido de esta reforma.
Esta iniciativa también podría impactar a cronistas e investigadores que analicen fenómenos como los narcocorridos o las narcoseries desde una perspectiva sociológica o artística. Incluso cuando no haya una intención de apología, el solo hecho de hablar del tema podría ser considerado delito si la autoridad así lo interpreta.
Pese a que en la exposición de motivos de la iniciativa se menciona que la libertad de expresión no es absoluta, esta propuesta desconoce estándares internacionales sobre libertad de prensa, como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigen que las restricciones a este derecho sean claras, necesarias y proporcionales. El artículo 13 de la Convención Americana protege expresamente el derecho a investigar, difundir y recibir información, incluso sobre temas sensibles como la criminalidad.
La libertad de expresión está protegida por el Artículo Sexto de la Constitución Política de México, en donde refiere que: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.
“El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
Abrir la puerta a que el Código Penal castigue la “promoción de ideas” que, según la autoridad, incentiven el delito, crea un precedente muy riesgoso: permitiría el uso político del derecho penal para silenciar o intimidar a periodistas bajo el argumento de que su trabajo “favorece la criminalidad”.
Por todo ello exigimos a las y los integrantes de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado un análisis riguroso y profundo de la iniciativa promovida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que no se legisle al vapor, y que en los hechos concreten la voluntad que manifiestan en tribuna y en reuniones con el gremio en torno a la defensa y protección al ejercicio periodístico en Michoacán.
Es fundamental que de transitar, en esa reforma se establezca la inaplicabilidad del mandato en el caso de las informaciones generadas por el ejercicio periodístico.
Demandamos un ejercicio de parlamento abierto que permita una revisión puntual de la propuesta a fin de no atentar contra derechos fundamentales establecidos en nuestras leyes y los tratados internacionales.
Alertamos también a las organizaciones defensoras de periodistas y de derechos humanos, sobre esta medida que atenta contra las ideas, el acceso a la información y la libertad de expresión.
¡No a la violencia legal contra periodistas!
¡No a la criminalización del ejercicio periodístico!
#NiUnoMás Michoacán
